En el caso de quienes hayan optado por el régimen de comunidad de bienes, todo lo adquirido durante el matrimonio, ya sea inmuebles, vehículos, dinero en cuentas bancarias o inversiones, se considera ganancial, sin importar a nombre de quién esté registrado. Esto significa que, al momento del divorcio, cada cónyuge tiene derecho a la mitad de estos bienes. Sin embargo, si se eligió el régimen de separación de bienes, cada persona conserva lo que esté registrado a su nombre, sin que sea necesario repartirlo.
Uno de los puntos que suele generar mayor conflicto es la vivienda familiar. Si existen hijos en común, el juez puede otorgar el derecho de uso del inmueble a aquel progenitor que tenga la guarda de los menores, incluso si la propiedad pertenece a la otra parte. Esta medida busca garantizar la estabilidad de los niños, priorizando su bienestar por encima de la división estricta de los bienes. En estos casos, el otro cónyuge puede solicitar una compensación económica o acordar una modalidad alternativa de reparto.
El dinero, inversiones y bienes muebles también deben distribuirse de acuerdo con el régimen patrimonial aplicable. Si las partes no llegan a un acuerdo, se procede a una liquidación judicial, en la que se valoran los bienes y se reparten equitativamente. La existencia de deudas en común también debe ser considerada en la división, ya que ambas partes pueden ser responsables de su pago.
Para evitar conflictos innecesarios y agilizar el proceso, es recomendable que las partes intenten llegar a un acuerdo extrajudicial con la asesoría de sus abogados. Una negociación bien llevada permite que la división se realice de manera más rápida y con menor desgaste emocional. En este sentido, es clave mantener una actitud dialogante y centrarse en soluciones equitativas en lugar de prolongar disputas que pueden complicar el proceso.
Los abogados cumplen un papel fundamental en la división de bienes, ya que asesoran a sus clientes sobre sus derechos y las mejores estrategias para llegar a un acuerdo favorable. Además, se encargan de redactar acuerdos de partición claros y ajustados a derecho, evitando futuros conflictos. También intervienen en la gestión de trámites como la transferencia de inmuebles o la disolución de sociedades conyugales, simplificando las cuestiones administrativas que pueden surgir.
La división patrimonial en los divorcios puede ser un proceso complejo, pero con la orientación adecuada y una disposición al diálogo, es posible resolverlo de manera justa y eficiente. La intervención de profesionales del derecho facilita la resolución de estos temas, permitiendo a ambas partes cerrar esta etapa de la mejor manera posible.
2025-02-18