En el momento de una separación, hay preguntas difíciles de responder: ¿quién se queda con la casa?, ¿cómo se repartirán los bienes?, ¿qué pasará con los hijos? Pero hay otra que, en los últimos años, ha cobrado una relevancia inesperada: ¿quién se queda con el perro?
En Argentina, miles de parejas deciden compartir la crianza y cuidado de una mascota como parte del proyecto de vida en común. El perro se convierte en un miembro más de la familia. Participa de rutinas, genera vínculos afectivos profundos y hasta ocupa un lugar protagónico en celebraciones, viajes o decisiones cotidianas. Por eso, cuando la relación se termina, dejar su destino librado a la lógica de los bienes patrimoniales resulta cada vez más insatisfactorio.
El Código Civil y Comercial argentino, sin embargo, continúa clasificando a los animales como “cosas muebles registrables". Esta categoría legal puede funcionar para la compra de un auto, pero no para resolver qué hacer con un ser vivo que tiene emociones, hábitos y lazos afectivos con sus cuidadores. No obstante, esta situación empieza a tensionarse. Los abogados especializados en derecho de familia advierten un aumento de consultas y conflictos en torno a la tenencia de mascotas tras una separación.
La falta de legislación específica obliga a las partes —y muchas veces a los jueces— a construir soluciones caso por caso. Algunos magistrados, por ejemplo, han reconocido la posibilidad de que el animal continúe conviviendo con uno de los miembros de la pareja, mientras el otro mantiene un régimen de visitas, similar al de los hijos. En otros casos, se ha acordado una tenencia alternada, en la que el perro pasa períodos con cada excónyuge, y se dividen los gastos de alimentación, veterinaria y cuidado.
Más allá de estas resoluciones judiciales, muchos acuerdos se alcanzan fuera del tribunal, con el acompañamiento de abogados que proponen incluir a las mascotas en los convenios de separación. Aunque todavía no exista un marco legal obligatorio para ello, es completamente válido y recomendable incorporar cláusulas relacionadas con el cuidado, el lugar de residencia y los compromisos económicos vinculados al animal. Estos pactos pueden prevenir disputas futuras y, sobre todo, priorizar el bienestar del perro.
A nivel mundial, esta preocupación no es nueva. En países como España, la ley reconoce a los animales como “seres sintientes" y no como cosas. La modificación del Código Civil español, que entró en vigor en 2022, permite que los jueces consideren el interés del animal al momento de tomar decisiones en separaciones o divorcios. En Estados Unidos, algunos estados como California o Illinois también han avanzado en legislaciones similares, permitiendo que las mascotas sean tratadas como parte de la familia, y no como propiedad a dividir.
Aunque en Argentina aún no se ha concretado una reforma legal en ese sentido, existen proyectos de ley que proponen una nueva categoría para los animales, reconociendo su sensibilidad y la necesidad de proteger sus intereses. En paralelo, la jurisprudencia empieza a mostrar señales de este cambio de paradigma, impulsado tanto por jueces como por abogados que entienden que el derecho no puede seguir ignorando el vínculo humano-animal.
2025-08-01